La mano que no investiga

Abelardo de la Espriella, Mario Iguarán y el sistema que los protegió a ambos.

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Este trabajo es una colaboración entre un modelo de inteligencia artificial programado para búsqueda profunda y verificación de hechos, guiado por Hermes Malemort, periodista independiente especializado en política colombiana. Se publicó originalmente en Versipellis.

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El 31 de mayo de 2026, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero obtuvo el 43,7 por ciento de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Abogado penalista sin ningún cargo de elección popular en su hoja de vida, condujo su campaña alrededor de una postura de extrema derecha frente al crimen y una imagen cuidadosamente construida de outsider político: el hombre que se hizo a sí mismo, que no le debía nada a nadie, que había edificado todo con sus propias manos y que se mantenía al margen del establecimiento corrupto que prometía desmantelar. El 21 de junio se enfrentará en segunda vuelta al senador de izquierda Iván Cepeda, en un balotaje que podría redefinir el rumbo político de Colombia por una generación.

El expediente sugiere una historia distinta. De la Espriella es el abogado que construyó el bufete de más rápido crecimiento en el sector jurídico colombiano defendiendo a paramilitares, a sus aliados políticos en el Congreso, al arquitecto del mayor fraude financiero de la historia del país y a un hombre al que el gobierno de Estados Unidos acusó de ser testaferro de Nicolás Maduro. Lo hizo, en gran medida, durante cuatro años en los que su amigo personal era el Fiscal General de la Nación. Las investigaciones abiertas en su contra durante ese período fueron cerradas, una por una, hasta que la propia ley hizo imposible reabrirlas.

El nombre de ese amigo era Mario Iguarán Arana.

I. Los compadres

Para entender la relación entre De la Espriella e Iguarán, conviene saber qué es realmente la Fiscalía General de la Nación. No es simplemente un organismo de persecución penal. En un país donde la independencia judicial ha sido históricamente disputada, donde la línea entre el Estado y las estructuras paramilitares que operaron bajo su amparo se volvió, durante los primeros años 2000, casi imposible de trazar, la Fiscalía bajo el presidente Álvaro Uribe fue una de las instituciones centrales a través de las cuales se negoció el poder, se protegió y, cuando fue necesario, se blindó de cualquier rendición de cuentas.

Mario Iguarán ejerció como Fiscal General entre 2005 y 2009, los años críticos de la desmovilización paramilitar, cuando miles de combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia depusieron las armas a cambio de penas reducidas en el marco de la justicia transicional, y cuando el alcance de su infiltración en la vida política comenzó, lenta y dolorosamente, a aflorar en los estrados.

Iguarán y De la Espriella eran amigos personales desde hacía más de una década. Los dos hombres sirvieron juntos como padrinos en la boda de Sabas Pretelt de la Vega, ex ministro del Interior de Uribe, una relación que ninguno de los dos ha negado. Iguarán también era cercano al padre de De la Espriella, magistrado del Tribunal Administrativo de Córdoba. No era una relación profesional. Era una amistad que atravesaba una generación entera y llegaba hasta la arquitectura misma del Estado colombiano.

Cuando la relación se volvió políticamente incómoda, Iguarán ofreció una defensa característica: “Abelardo es la persona más respetuosa. Y creo que si se miran las estadísticas, él pudo haber tenido más éxito profesional bajo otras administraciones, otros fiscales, que bajo la mía. Por circunstancias, no porque yo quisiera afectarlo o favorecerlo.”

Las circunstancias, como ocurre frecuentemente en Colombia, vienen con fechas específicas.

II. El expediente y el reloj

El período de Iguarán en la Fiscalía coincide con precisión con los años en que De la Espriella consolidó su firma, defendió a los congresistas condenados por la Corte Suprema por sus vínculos con grupos paramilitares, organizó foros universitarios a través de su fundación FIPAZ —Fundación Iniciativas por la Paz— en los que comandantes desmovilizados eran presentados como actores políticos legítimos, y asumió la defensa de David Murcia Guzmán, el hombre detrás de DMG, la mayor pirámide financiera en la historia de Colombia, que defraudó a cientos de miles de inversionistas en todo el país.

Los testimonios paramilitares contra De la Espriella, recogidos en los archivos de Justicia y Paz —el mecanismo de justicia transicional a través del cual los combatientes desmovilizados confesaron sus crímenes— son sustanciales y específicos. Ever Veloza García, el ex comandante de las AUC conocido como HH, declaró en febrero de 2009 que De la Espriella “trabajó con un frente paramilitar”, que él personalmente lo presentó al alto mando Ernesto Báez y que el abogado participó como enlace en reuniones celebradas en Santa Fe de Ralito, el recinto en el interior del país donde el gobierno de Uribe negoció directamente con la cúpula paramilitar, en sesiones que una investigación del Congreso describiría posteriormente como el escándalo político más trascendente de la era.

Salvatore Mancuso, quizás el comandante de las AUC más prominente en comparecer ante la justicia transicional, fue más lejos. Mancuso declaró públicamente que De la Espriella era amigo cercano y tenía una “relación profunda” con el entonces Fiscal General Iguarán, tanto antes como durante su mandato en la Fiscalía.

La Corte Suprema de Justicia, mientras tramitaba un caso separado contra un congresista condenado por vínculos paramilitares, halló méritos suficientes para ordenar una investigación formal contra De la Espriella. La Fiscalía bajo Iguarán ya había cerrado una investigación previa en su contra —por concierto para delinquir y lavado de activos— dos años antes.

La investigación sobre los vínculos paramilitares de De la Espriella fue cerrada formalmente en agosto de 2009, días antes de que Mario Iguarán abandonara el cargo. No semanas. No meses. Días. Cuando la Corte Suprema intentó reabrir el caso en 2011, se topó con el muro procesal que el sistema jurídico colombiano levanta con particular eficiencia alrededor de los poderosos: el asunto ya había sido juzgado. Bajo el principio de cosa juzgada, no podía volver a ventilarse. La puerta había sido cerrada desde adentro, y la llave desechada al salir.

III. La evidencia en bodega

En marzo de 2009, un ex agente del DAS llamado Orlando Sastoque Ángel, entonces inscrito en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, rindió una declaración que ofrecía una ventana inusualmente detallada sobre la forma en que De la Espriella utilizó los instrumentos del poder estatal para fines personales.

El DAS —Departamento Administrativo de Seguridad— era la agencia de inteligencia interior de Colombia, disuelta posteriormente por el presidente Juan Manuel Santos tras revelarse que había sido usada para espiar a periodistas, jueces, políticos de oposición y abogados de derechos humanos. Sastoque había trabajado para el DAS entre 2003 y 2006, y en junio de 2007 fue contratado como escolta personal de De la Espriella.

Según su testimonio, aproximadamente tres meses después de ingresar al cargo, De la Espriella le preguntó si el DAS podía hacerle un favor: averiguar quién le estaba llamando a su novia, una joven de Medellín. Quería nombres completos, direcciones y registros telefónicos de toda persona en contacto con ella. Proporcionó los números de cuenta de la operadora móvil.

Ocho días después, el contacto de Sastoque en el DAS entregó un dossier escrito: nombre completo, dirección y número de teléfono de la persona que llamaba a la novia, porque eso era lo que el doctor había pedido.

La ironía inscrita en la cronología es del tipo que ningún editor le permitiría usar a un escritor de ficción. El 3 de agosto de 2007, aproximadamente la misma semana en que recibió el dossier de vigilancia sobre su novia, De la Espriella interpuso una tutela contra el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, exigiendo la protección de su derecho a la intimidad luego de que su nombre apareciera en una lista de personas cuyas comunicaciones habían sido interceptadas por la Policía Nacional.

El hombre que estaba haciendo vigilar a una mujer por la inteligencia del Estado le estaba demandando simultáneamente al Estado por vigilarlo a él.

Una investigadora del CTI llamada Gladys Urrego confirmó en febrero de 2021 que la Fiscalía había recibido un volumen considerable de documentos, registros y videos de parte de Sastoque desde 2008, evidencia que quedó sepultada en el sistema de custodia de la cadena probatoria durante la administración del Fiscal General Mario Iguarán. Permaneció allí, catalogada e intacta, mientras las investigaciones que documentaba eran cerradas.

IV. El segundo cierre

La arquitectura de la protección no fue obra de un solo funcionario. Viviane Morales, quien se desempeñó como Fiscal General entre 2012 y 2014 y fue la última fiscal en cerrar formalmente las diligencias contra De la Espriella por presuntos vínculos con las AUC, se vinculó públicamente a su campaña presidencial tras dejar el cargo. La funcionaria que había dado por terminada la última investigación abierta contra el candidato se convirtió en una visible promotora de su aspiración a la presidencia. Nadie le ha pedido, en ningún escenario, que explique la relación entre esos dos hechos.

V. La insinuación pública

El 3 de junio de 2026, dos días después de la primera vuelta, María Guerrero, esposa del ministro del Interior Armando Benedetti, publicó una respuesta en X a los ataques públicos de De la Espriella contra su marido. El candidato, autodeclarado defensor de la familia tradicional, había llamado a Benedetti “comprador habitual de votos”.

“Te presentas como defensor de la familia”, escribió Guerrero, “pero parece que no recuerdas tu pasado, tu estrecha relación con Iguarán, ni las escapadas —una que terminó en 2022 y otra que terminó en 2025—”. Añadió que conocía hechos de su vida personal que no revelaría por respeto a su familia, y lo llamó mentiroso respecto a sus infidelidades.

La sintaxis de la publicación merece una lectura cuidadosa. Guerrero nombra tres cosas distintas: la relación con Iguarán, las escapadas con fechas específicas de cierre, y las infidelidades en plural. Las escapadas —con sus marcas temporales de 2022 y 2025— parecen referirse a relaciones paralelas con mujeres, enlistadas por separado de la mención a Iguarán. Qué quiso decir exactamente con la “estrecha relación con Iguarán” es algo que no desarrolló, y ninguna fuente verificable ha sustanciado una afirmación que vaya más allá de la amistad política y personal que ambos hombres ya han reconocido.

Lo que sí está documentado es que De la Espriella no respondió a esa parte del mensaje.

VI. La fortuna y su cronología

De la Espriella Lawyers Enterprise fue fundada en 2003 con un capital inicial de aproximadamente 130 dólares. Para 2006, en el apogeo de la consolidación paramilitar como proyecto político, la firma ya reportaba ingresos anuales superiores al medio millón de dólares. Para 2017, los ingresos superaban los once millones. Para 2024-2025, los activos totales de la firma se valoraban en más de veinte millones de dólares, junto a un conglomerado empresarial que abarcaba finca raíz, ganadería, moda y licores.

De 130 dólares a veinte millones en dos décadas. En Colombia, ese ritmo de crecimiento en el sector jurídico suele atraer felicitaciones o preguntas. La clientela durante esos años —comandantes paramilitares, sus aliados congresales, el más prominente defraudador financiero del país, un hombre acusado en Estados Unidos de lavar dinero para el gobierno de Maduro— sugiere que las preguntas son la respuesta más apropiada.

De la Espriella nunca ha ejercido un cargo de elección popular. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2023. Hace campaña contra la corrupción de las élites y la infiltración del dinero criminal en la política colombiana. Se llama a sí mismo un outsider. Recibió su apodo político, El Tigre, del ex presidente Álvaro Uribe, la figura más influyente de la política conservadora colombiana, cuya defensa jurídica ha llevado por años.

El outsider ha pasado toda su vida adulta dentro de los salones más interiores del poder.

VII. Lo que esto significa

El 31 de mayo, Abelardo de la Espriella ganó más de diez millones de votos. Su sólida votación en primera vuelta desconcertó a los encuestadores. Se enfrentará a Iván Cepeda en segunda vuelta el 21 de junio en lo que todos los analistas describen como la elección colombiana más trascendente en años: una contienda que definirá la relación del país con Estados Unidos, su enfoque frente a los grupos armados que aún operan en su territorio y el rumbo de una sociedad que nunca ha resuelto del todo qué hacer con quienes más se beneficiaron de la violencia de las últimas cuatro décadas.

La historia de De la Espriella e Iguarán no es la historia de una amistad corrupta en un país corrupto. Es la historia de cómo se construyen y sostienen los sistemas de impunidad: no a través de conspiraciones dramáticas, sino mediante la paciente acumulación de las personas exactas en los cargos exactos en los momentos exactos. Una investigación abierta, luego cerrada. Una evidencia archivada, luego almacenada. Una puerta entreabierta, luego cerrada dos días antes de que el hombre que tenía la llave abandonara el edificio.

El tigre, como símbolo, evoca poder y autonomía: el depredador que opera solo, que no le debe nada a la manada. El expediente sugiere algo más familiar: un animal que, durante muchos años, tuvo una jaula muy cómoda, y amigos que se aseguraron de que el cerrojo nunca fuera puesto a prueba.

Notas de verificación: Todos los hechos de este artículo provienen de fuentes verificables, entre ellas La Silla Vacía, Fundación Pares, Diario Rojo, Corrupción al Día, Cambio Colombia, El Espectador, Zona Cero y registros públicos del sistema de justicia transicional de Colombia. Las investigaciones formales contra De la Espriella fueron cerradas sin condena; su mención aquí es factual y no implica responsabilidad penal. La insinuación formulada por María Guerrero respecto a la relación con Iguarán se reporta como declaración pública de una persona identificada, no como hecho establecido.